CONPES 4021 – Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques

Dicha política fue liderada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, el cual brinda lineamientos de política para contrarrestar la deforestación y promover la gestión sostenible de los bosques. Mediante el análisis de las causas que inciden en los procesos de cambio de uso de suelo y pérdida de bosque natural, se identifican las acciones que el Gobierno nacional debe desarrollar de manera articulada con los sectores, comunidades, entre otros actores para que, desde el reconocimiento de las particularidades y necesidades de los territorios, se controle esta problemática y al mismo tiempo se promueva la conservación y manejo sostenible de los bosques.

En particular, se establecen cuatro líneas estratégicas para llevar al país al cumplimiento de la meta cero deforestación neta en el año 2030: (i) integrar estrategias de aprovechamiento sostenible de los bosques para mejorar la calidad de vida y la economía local de las comunidades; (ii) articular acciones transectoriales que permitan el trabajo conjunto del Gobierno nacional para gestionar los bosques y atender conflictos territoriales; (iii) promover estrategias de prevención y control territorial para reducir las dinámicas ilegales, y (iv) fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones.

Esta política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años (2020-2030) y comprende acciones específicas de carácter intersectorial lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Transporte, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, la Agencia de Renovación del Territorio, La Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otras entidades. La implementación de la política requiere inversiones indicativas estimadas de 714.144 millones de pesos.

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